El nuevo modelo penal debutará en Concepción

MAGISTRADOS SUREÑOS. El juez Fermoselle (izq.) y el fiscal Sánchez en la puerta de los Tribunales de Concepción. LA GACETA / FOTOS DE IRENE BENITO
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Los Tribunales de Concepción se preparan para estrenar el innovador plan piloto de reforma del sistema penal que elaboró la Corte Suprema de Justicia con el asesoramiento del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Sociales y Penales. Monteros se incorporará a esta experiencia cuando concluyan las obras de construcción de las salas de audiencia y juicio oral.

La investigación penal preparatoria: toda la credibilidad del Poder Judicial de Tucumán parece depender de ella. Esa relación está en juego en el plan piloto que el centro judicial de Concepción pondrá en marcha en el corto plazo, tan pronto como la Corte Suprema de Justicia de la provincia termine de equipar las salas de audiencias. A partir de entonces, la oralidad intentará superar a la “cultura del expediente” así como la publicidad procurará extirpar el secretismo del fuero penal.

Concepción hará punta en estas batallas que recogen el espíritu original del Código Procesal Penal de Tucumán (CPPT) sancionado en 1991. Esa ley adoptó el paradigma más avanzado de aquella época: el sistema acusatorio, que consagra la imparcialidad del juez (sólo decide, no investiga) y otorga las garantías correspondientes a un régimen sancionatorio fundado en la presunción de inocencia. El código que dividió al proceso en dos etapas (instrucción escrita y juicio oral) fue muy celebrado y alabado en todo el país, pero, con el transcurso de los años, zozobró. En los hechos, los Tribunales volvieron inercialmente a aplicar los principios inquisitivos que la ley de 1991 pretendía dejar atrás.

El código quizá necesite una nueva reforma integral (en el ínterin recibió numerosas “cirugías” parciales, muchas de ellas motivadas por el reclamo de “mano dura”). Pero la Corte esta vez ha decidido proceder al revés: antes de redactar un proyecto, experimentará los cambios en el terreno. Con el asesoramiento del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Sociales y Penales (Inecip) y durante el año pasado, el alto tribunal desarrolló por la vía reglamentaria -sin tocar ni una coma del código- el plan de profundización del sistema acusatorio (o adversarial) que debutará en Concepción y luego será implementado en el centro de Monteros.

Labor estratégica

“Gracias a este nuevo sistema, yo recuperé mi vida. Antes pasábamos muchas horas trabajando y no conseguíamos resultados”. Parece una declaración de un grupo de autoayuda pero pertenece al juez Jorge Criado, de Esquel, jurisdicción que en 2006 puso en funcionamiento un paradigma similar al que probará Tucumán. La confesión de ese magistrado impresionó a Edgardo Sánchez, fiscal de Concepción, que considera que el plan piloto aumentará la eficacia y la eficiencia del fuero penal.

“Recibimos miles de denuncias que no se pueden investigar y que no suponen la comisión de un delito (como la ‘dentellada de can’ o el extravío de cheques). Sin embargo, debemos tramitarlas a todas. Esa recarga de trabajo nos quita capacidad para ocuparnos de los casos estratégicos. El proyecto propone definir una política de persecución y buscar un remedio veloz para los conflictos susceptibles de conciliación”, explica Sánchez en una mesa de la tradicional confitería La Estrella. Según su opinión, este nuevo esquema favorecerá también a la policía.

El plan piloto aprobado por la Corte e impulsado personalmente por los vocales Antonio Estofán (presidente) y Antonio Gandur será puesto en práctica con el staff de magistrados disponible. La novedad es la organización: los fiscales trabajarán en oficinas especializadas de pesquisa y litigación, y los jueces integrarán colegios dedicados, por un lado, a resolver -en audiencias orales y públicas- las controversias surgidas durante la investigación penal preparatoria y, por el otro, a dictar sentencia en los casos que lleguen a juicio.

Posibilidad para todos
El legajo (mera colección de antecedentes) sustituirá al expediente ritualista, y las audiencias quedarán registradas en archivos de video y audio. “Es un gran desafío. La escritura nos daba seguridad. Antes teníamos 10 días para disponer la prisión preventiva: ahora decidiremos en el acto, después de escuchar a las partes”, reconoce Raúl Fermoselle, juez de Instrucción, ni bien se incorpora a la reunión en La Estrella. Y añade: “por supuesto que hay temores, pero también advertimos que hace falta un cambio. Este plan fortalece la transparencia al conceder mayor protagonismo al defensor y a la víctima, y al posibilitar el control del Poder Judicial por parte de la ciudadanía”.

Reducida la escritura a la mínima expresión, lo que queda es la oralidad y, con ella, una exposición que tal vez consiga mitigar las “chicanas” procesales. “Somos conscientes del colapso del sistema penal y hemos discutido el asunto con los fiscales de Concepción. El año pasado, el Colegio de Abogados del Sur capacitó a los profesionales en técnicas de litigación oral porque queremos que los letrados estén preparados para defender verbalmente a sus clientes”, apunta por teléfono Diego Valls, presidente de la entidad intermedia.

Los abogados sureños constituyeron asimismo un observatorio del plan piloto que pretende estar a tono con la voluntad de la Corte de evaluar periódicamente sus resultados. “Estamos abiertos al cambio, pero también en una actitud alerta. Nuestra función es velar por la no afectación de las incumbencias profesionales del letrado. A su vez advertimos que esta es una buena oportunidad para democratizar la Justicia”, reflexiona Valls.

El seguimiento del sistema será esencial para conocer su potencial e identificar sus defectos. “Produciremos información de calidad para la toma de decisiones”, postula el fiscal Sánchez. Tanto él como Valls y Fermoselle se ilusionan con que los ciudadanos asistan a las audiencias preliminares y que ese contacto rompa -por fin- el abismo entre la Justicia y la sociedad. Es la credibilidad lo que está en juego, y la posibilidad de reparar la confianza en unos Tribunales penales célebres por casos no resueltos como el de la muerte de Paulina Lebbos y la desaparición de María de los Ángeles Verón.

Fuente: www.lagaceta.com.ar

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