Ruiz Guiñazú y Morales Solá fueron bochados por la CIDH

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El viernes se realizó la audiencia de periodistas argentinos, representados por Magdalena Ruiz Guiñazú y Joaquín Morales Solá, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA.

A pesar de las expectativas generadas desde los medios opositores, la pobreza argumental de los periodistas llevó a los integrantes de la Comisión a hacer una rápida aclaración: “Los testimonios no constituyen un caso específico para que la comisión se pronuncie”.

En el marco de la audiencia que había sido pedida por siete periodistas, algunos del Grupo Clarín y el diario La Nación, para denunciar la supuesta falta de libertad de opinión, la CIDH respaldó las políticas impulsadas por el gobierno argentino en favor de la libertad de expresión.

En sus afirmaciones, los peticionantes redujeron la cuestión de la libertad de expresión a una mera discusión económica sobre la distribución de la pauta oficial.

Teniendo en cuenta la supuesta gravedad de la situación denunciada, los miembros de la Comisión, Rosa María Ortiz y Rodrigo Escobar Gil, consultaron entonces “si habían presentado denuncias en la justicia o ante la Procuración General de la Nación”, y en caso de que no lo hubieran hecho solicitaron “que expliquen la razón”.

Ni Morales Solá ni Ruiz Guiñazú pudieron responder, y continuaron narrando hechos y ejemplos aislados acerca de los supuestos atropellos del Estado.

Incluso el mismo Morales Solá desató la confusión cuando dijo: “Ustedes se preguntarán si los periodistas argentinos podemos decir o escribir lo que pensamos”. Y continuó: “La respuesta es que sí”, pero aclaró que los periodistas allí presentes “no trabajan tranquilos” debido a las críticas que reciben.

Del mismo modo, Magdalena Ruiz Guiñazú comenzó su exposición narrando que en 2010 fue “acusada falsamente” de haber sido la jefa de prensa del Ministerio de Economía de la última dictadura militar. Lo que inmediatamente fue respondido por la relatora para la libertad de expresión de la Comisión, Catalina Botero, que sostuvo que quienes critican a los peticionantes “también están en el ejercicio de la libertad de expresión”.

Ante la notoria vaguedad de los argumentos del tenor de “la libertad de expresión en la Argentina está siendo cercenada” y las acciones adoptadas por el Estado argentino “implican serios retrocesos en la vigencia del derecho de libertad de expresión”, la Comisión pidió precisiones que, obviamente, nunca llegaron.

Asimismo, Rosa María Ortiz afirmó: “La ley Argentina es motivo de felicitación. Es una de las tantas que bregan por la democratización de los medios”.

Por último, y para dar por finalizado el tratamiento del tema en la CIDH, los funcionarios argentinos respondieron las preguntas realizadas por las autoridades del organismo y por la relatora para la libertad de expresión de la CIDH, Catalina Botero.

El subsecretario de Gestión Administrativa de la Secretaría de Comunicación, Juan Ross, señaló que la presencia de Argentina en la audiencia sobre la situación del derecho a la libertad de expresión que llevó adelante la Comisión, “es una muestra más” al respeto por el “derecho internacional, a esta casa, a la CIDH como valuarte de los derechos humanos”.

Ross agregó que los periodistas Joaquín Morales Solá y Magdalena Ruiz Guiñazú, “hablaron de algunos casos particulares, generalidades pero no hubo presentaciones concretas”.

Por su parte, el director de Derechos Humanos en los Contencioso Internacional de la Cancillería, Javier Salgado, afirmó que la Argentina “es un Estado observante y respetuoso de los estándares internacionales en materia de respeto y garantía de los derechos humanos, incluyendo el derecho a la libertad de expresión”.

“No se advierten razones objetivas para que el Estado argentino haya sido convocado a una audiencia en sede internacional, donde se pretende poner en tela de juicio la efectiva vigencia de tales estándares sin un respaldo concreto que amerite la intervención”, explicó Salgado.

La frutilla del postre la dio Morales Solá, luego de la exposición de los funcionarios, quien manifestó que “el gobierno está reemplazando la condena penal por la condena pública” y que bajo ese marco prefiere “la cárcel a la descalificación” por televisión.

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